El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Ferrán Rodríguez, acompañado del presidente de la Agrupación del País Vasco, Santiago Eraña, y otros miembros de la corporación, se reunieron la semana pasada con el Lehendakari, Iñigo Urkullu, y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, para presentarle la propuesta del XXV Congreso Nacional de Auditoría, que se celebrará en Bilbao en 2022. Durante la reunión, Ferrán Rodríguez informó al Lehendakari de la elección de Bilbao como sede de su XXV Congreso Nacional, decisión que se ha tomado porque “reúne muchas de las características en las que los profesionales de la auditoría nos vemos reflejados. Es innovadora, con espíritu emprendedor y abierta. Además, está dotada de magnificas infraestructuras, donde podremos disfrutar de una amplia oferta cultural y gastronómica”.
Además, el presidente del Instituto destacó ante los miembros del Gobierno Vasco la relevancia de la auditoría de cuentas para la confianza de los mercados financieros, en el acceso a financiación, especialmente de las PYMES. “Está demostrado que en épocas de crisis, como la actual, las cuentas de las empresas auditadas reflejan mejor el verdadero valor de los activos. Existen estudios que demuestran que las empresas no auditadas a menudo no deterioran su valor correctamente, lo que supone un riesgo para la información utilizada por terceros. Nadie invertiría en una empresa cotizada no auditada”, señaló Ferrán Rodríguez.
Por último, Ferrán Rodríguez subrayó la importancia del papel de los auditores en otros ámbitos además de la auditoría de cuentas como en el cambio climático o en el control de las ayudas públicas. “Cuando hablamos de verificadores de la Información no Financiera, los auditores están llamados a ser uno de los pilares que garantice la aplicación correcta de la taxonomía europea y la credibilidad de la información sobre sostenibilidad. Y también desempeñarán un papel muy importante en el control de ayudas públicas. El Instituto está colaborando con el Gobierno vasco y con otros gobiernos autonómicos en el desarrollo del marco adecuado de control de estas ayudas”.
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